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LA OFICINA DE BONO CUESTA A CASTILLA-LA MANCHA MÁS DE 160.000 EUROS DEL DINERO PÚBLICO

Posted by ppbalazote en 8 enero 2013

  • El expresidente, que reside en Madrid, tiene a su disposición en Toledo despacho, dos secretarias y chófer hasta 2024. El gasto superará los 3 millones

Castilla-La Mancha, una de las regiones más desfondadas por la crisis, gastó en 2012 un total deBono 160.890,11 euros en mantener en Toledo la oficina que permanece al servicio de José Bono, el que fuera presidente de la autonomía hasta que en 2004 renunció para ser ministro del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Se trata de una «Secretaría de apoyo», de la que Bono podrá disfrutar hasta mayo de 2024, cuando se extinguirá para él este derecho legal, previsto para prolongarse en el tiempo tanto como duró su mandato: exactamente 20 años, 10 meses y 11 días. De agotar esa posibilidad, la carga para las arcas castellano-manchegas de su despacho de representación habrá supuesto un coste superior a los tres millones de euros, destinados a pagar principalmente un chófer y dos empleados eventuales a disposición del expresidente, que no recibe de forma directa ni un céntimo de ese dinero. Aunque por ley, si lo deseara, podría incorporarse al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha como miembro nato y cobrar un sueldo vitalicio igual al de un viceconsejero (58.000 euros brutos anuales), que en todo caso sería incompatible con cualquier otro ingreso público o privado.

Del exceso a la crisis

José Bono fue uno de los dirigentes regionales que en su día sucumbieron a la tentación de dejar bien atado un retiro de oro para sí mismo y para quienes le sucedieran. Lo hizo en 2003, poco antes de saltar a la política nacional. Antes habían regulado privilegios semejantes Eduardo Zaplana en la Comunidad Valenciana y los había apuntado Juan Carlos Rodríguez Ibarra en Extremadura (ambos en 2002), o Jordi Pujol en Cataluña (2003), aunque el pionero en dotar a los expresidentes regionales de un estatus especial fue Juan José Ibarretxe en el País Vasco con un decreto firmado en 1999.

En época de esplendores económicos, tales distinciones se justificaron en la voluntad de reconocer el trabajo de los próceres autonómicos y en el deseo de seguir contando, aun de forma indirecta, con su experiencia fundamental y prestigiosa para la buena marcha de las andaduras autonómicas. Pero hoy algunas de las prerrogativas que se regularon se antojan excesos, y más de una Comunidad ha empezado a liquidar atenciones y suntuosidades, empezando por las que afectan al talonario público.

En Castilla-La Mancha, el PP lo ha intentado un año tras otro, pero sin éxito. En 2003, su apoyo valió para que efectivamente fuera aprobada por unanimidad la «Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha», contra la que, y a medida que se deterioraba el escenario económico, han pedido «todos los años la modificación del artículo 25 de los Presupuestos» que regula la partida que nutre los privilegios previstos para los expresidentes. Los votos del PSOE han frenado sistemáticamente tal reforma, así como una proposición de ley en 2010 y una enmienda a las Cuentas de 2011 presentadas por el PP en las Cortes castellano-manchegas en idéntico sentido: que los ciudadanos dejen de pagar de una vez por todas de su bolsillo los futuros de lujo que ciertos políticos se preparan mientras gobiernan. No ha sido posible.

El PSOE se resiste

En virtud de esa norma vigente, la Comunidad de Castilla-La Mancha ha pagado mientras José Bono ha sido ministro de Defensa, presidente del Congreso y aún hoy, retirado ya de la primera línea política y dedicado a actividades privadas, los gastos de dos secretarias y un conductor, cuyas retribuciones deben ser «las mismas que las que perciban el secretario y el conductor de la Junta de Comunidades».

Según los datos de esta institución a los que ha tenido acceso ABC, esas partidas supusieron en 2012 las cantidades de 110.949,72 y 48.792,58 euros respectivamente, incluida Seguridad Social. Luego, está el «automóvil de representación» también previsto en la ley, un coche de 2002 con un precio de compra de 3.530 euros del que la Junta certifica no haber pagado mantenimiento alguno, aunque sí gasolina por un importe de 517,81 euros.

La factura se completa con el contrato de 630 euros anuales con una empresa de seguridad electrónica y el ahorro del local, que no supone costes añadidos, puesto que el despacho de José Bono se ubica en un edificio de la Dirección General de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha.

Una experiencia semejante se ha recorrido en Extremadura, aunque en esa región el PP e IU se aliaron para acabar con el estatuto de los expresidentes autonómicos, que establece un universo de consideraciones materiales desarrollados por Juan Carlos Rodríguez Ibarra en 2007, poco antes de dejar el poder, y de los que ha disfrutado principalmente él.

Quien fuera dirigente extremeño durante 24 años, hasta junio de 2007, entregó en 2011 las llaves de su correspondiente oficina de apoyo, para la que fuentes parlamentarias de esa región aseguran que se compró un edificio y se llegaron a librar otros gastos superiores a los 2 millones de euros, 1,6 de ellos en decoración que —ratifican— incluía «sofás de 8.000 euros, ceniceros de 200 y ordenadores Apple. No había límite presupuestario».

(abc.es_08/01/2013)

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